Última llamada para salvar la Ley de Vivienda

La Ley de Vivienda llega al Congreso con un texto duramente criticado por la PAH y los sindicatos de inquilinos. Los partidos del bloque de investidura asumen parte de las demandas sociales para mejorar la ley a las puertas de una nueva crisis social de consecuencias imprevisibles.

Este 10 de marzo comienza el último tramo del largo viaje de la Ley de Vivienda, una de las leyes estrella de la legislatura. Este proyecto de ley llega al Congreso con un texto que no convence prácticamente a nadie: la derecha y el lobby inmobiliario la ven como una amenaza a sus intereses y prefieren que no haya ninguna Ley de Vivienda; los partidos nacionalistas e independentistas interpretan que invade competencias autonómicas; el movimiento de vivienda y los aliados de izquierda del Gobierno creen que, a menos que la ley cambie en el proceso de enmiendas, servirá de poco; y el propio PSOE ha admitido en reuniones con los sindicatos de inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que habría que modificar algunos puntos de la ley para que sea efectiva.

Tras la votación de la enmiendas a la totalidad, el proyecto de ley superó la primera prueba. Pocas horas antes del pleno ERC llegaba a un acuerdo “por escrito” con el Gobierno para garantizar que la ley pueda llegar a la siguiente fase. Las enmiendas a la totalidad para devolver el texto al Gobierno —promovidas por PP, Ciudadanos, PNV y Junts— no tuvieron suficientes apoyos para prosperar. ERC también presentó una enmienda a la totalidad con un texto alternativo.

El Gobierno solo tiene una opción si quiere que la ley supere todos los trámites parlamentarios: llegar a un acuerdo con los partidos independentistas y de izquierda, que exigen ir mucho más allá de lo pactado entre PSOE y Unidas Podemos
Después de la aprobación de la reforma laboral, donde quedó en evidencia la fragilidad del bloque de investidura, el trámite de la Ley de Vivienda se ha convertido en un nuevo examen para el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque esta vez no podrá contar con el apoyo de partidos de centroderecha ni con errores humanos para aprobar el proyecto de ley. El Gobierno solo tiene una opción si quiere que la ley supere todos los trámites parlamentarios: llegar a un acuerdo con los partidos independentistas y de izquierda, que exigen ir mucho más allá de lo pactado entre PSOE y Unidas Podemos.

Para llegar a ser publicada en el BOE, la ley tiene que cambiar en una dirección que no gustará a los intereses inmobiliarios y financieros. Ha sido el movimiento por la vivienda, que lleva más de una década presionando por una ley que desarrolle el derecho constitucional a la vivienda, quien ha marcado el camino de la mayoría de las enmiendas parciales en las que los partidos del bloque de investidura están trabajando.

“Es el momento de ponernos de acuerdo con los socios de investidura, con Esquerra, con Bildu, en todas aquellas enmiendas que pensamos que necesita la ley para poder ser más ambiciosa y poder llegar más lejos”, dice Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos (UP) en materia de vivienda. Según cuenta a El Salto, UP ya está en negociaciones con los otros socios del Gobierno para recoger las demandas del movimiento de vivienda y plasmarlas en enmiendas. Jacinto se muestra optimista: “Creo que al Partido Socialista no le va a quedar más remedio que pactar con el bloque de investidura”. La experiencia de la reforma laboral obliga a extremar las precauciones: “No podemos volver a arriesgarnos. Es evidente, después de ver cómo salió aprobada la reforma laboral, que es necesario blindar ese bloque de investidura y llegar a acuerdos antes de esas votaciones. Todas las partes tendremos que ceder para adaptarnos, pero tiene que haber Ley de Vivienda”.

Desde la PAH, su portavoz estatal, Paco Morote, responde: “Queremos una ley, pero tampoco queremos cualquier ley”. Para este activista, el proyecto de ley es “manifiestamente insuficiente” y, aunque fue vendido en un inicio como la “maravilla de las maravillas”, ahora desde los partidos del Gobierno también “reconocen que se puede y se debe mejorar”.

El diputado de Más País Íñigo Errejón decía que la Ley de Vivienda “era tan descafeinada que parecía un vaso de agua” y añadía que “tal y como viene no va a servir para aliviar la carga que supone para los españoles tener un techo”
Otros socios de izquierda del Gobierno comparten esta visión crítica. El pasado 8 de marzo, el diputado de Más País Íñigo Errejón decía que la ley “era tan descafeinada que parecía un vaso de agua” y añadía que, “tal y como viene, no va a servir para aliviar la carga que supone para los españoles tener un techo”. EH Bildu, Más País-Equo y Compromís confirmaron que, con sus votos, permitirán que la Ley de Vivienda siga su trámite e intentarán mejorarla en el Congreso siguiendo las enmiendas redactadas por la Iniciativa Ley de Vivienda, donde, además de la PAH y los sindicatos de inquilinos, figuran más de un centenar de organizaciones sociales, entre ellos la mayoría de los sindicatos.

“Las propias plataformas no nos plantean que devolvamos la ley, sino trabajar en el recorrido legislativo para que incluyamos sus propuestas”, declaró Oskar Matute, de EH Bildu. “Vamos a ser muy exigentes”, dijo Joan Baldoví, de Compromís, después de confirmar que votará para que la ley pueda seguir su trámite parlamentario.

Qué le pica a la ley
El principal problema del proyecto de ley, según los sindicatos de inquilinos y la PAH, es que sus aspectos más avanzados son inaplicables. Según llevan denunciando desde hace meses, una Ley de Vivienda con el texto actual apenas tendría efectos en la vida de las personas.

El punto más polémico del proyecto, la regulación de los alquileres, requiere de la declaración previa de zona tensionada. Para ello, la comunidad autónoma afectada tiene que estar de acuerdo en su aplicación, algo que dejaría fuera a buena parte del territorio español. Además, para declarar una zona tensionada, se tienen que dar al mismo tiempo dos requisitos que actualmente no cumple ningún territorio: que el coste de la vivienda suponga más del 30% de la renta y que el precio haya aumentado el equivalente al IPC más cinco puntos en los últimos cinco años. En el último año, el IPC ha aumentado un 7,4%. Para declarar una zona tensionada, el precio de la vivienda tendría que haber aumentado en ese período más del 12,4%. Ninguna comunidad cumpliría este segundo requisito, sobre todo porque desde 2019 los precios de la vivienda “han llegado a un tope y ya crecen lentamente”, explica a El Salto Pablo Martínez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. En contraste, la inflación no ha dejado de subir. Esta combinación convierte en inaplicable la regulación de los alquileres en su formulación actual.

El principal problema del proyecto de ley, según los sindicatos de inquilinos y la PAH, es que sus aspectos más avanzados son inaplicables
Otra cláusula que resta efectividad a la ley, añade Martínez, es que la bajada en el precio de los alquileres solo se aplica a los grandes tenedores con personalidad jurídica, es decir, bancos, inmobiliarias y fondos de inversión, y no a personas físicas, algo que dejaría fuera el 70% de los alquileres de Barcelona, una de las ciudades más golpeadas por la especulación inmobiliaria.

Según cuenta Martínez, desde los sindicatos de inquilinos, la PAH y otras organizaciones están terminando una ronda de contactos con los partidos del bloque de investidura para afinar las enmiendas parciales que se deberán presentar si la ley supera la primera prueba en el Congreso. En el caso de la regulación de los alquileres, hasta ahora muchas de las principales demandas del movimiento social han sido asumidas por los aliados del Gobierno, asegura este activista.

Estas enmiendas parciales propondrán que baste con cumplir uno de los dos requisitos —ahora mismo se tienen que cumplir los dos— para declarar una zona tensionada y que las bajadas en el precio de los alquileres sea obligatoria para todo tipo de grandes propietarios, sea un fondo buitre o una persona con nombre y apellido.

Según confirma a El Salto la portavoz de vivienda de UP, la formación morada apoyará las enmiendas que vayan en esta dirección. El texto alternativo de ERC indica que este partido catalán también estaría dispuesto a incluir estas modificaciones en el texto definitivo.

“No podemos volver a arriesgarnos. Es evidente, después de ver cómo salió aprobada la reforma laboral, que es necesario blindar ese bloque de investidura y llegar a acuerdos antes de esas votaciones”, dice Alejandra Jacinto, portavoz de UP en temas de vivienda
También parece haber consenso en una reducción de los 18 meses de margen entre la aprobación y la entrada en vigor de la ley. Para las organizaciones de la Iniciativa Ley de Vivienda, que presentó una ley alternativa que fue tumbada en el Congreso, este plazo de adaptación daría vía libre a los fondos de inversión y bancos para aumentar los precios y otras estrategias especulativas antes de que la ley llegara a aplicarse. En un escenario de derrota de la actual coalición en las elecciones de 2023, ese plazo de un año y medio de adaptación podría llevar a que la ley nunca entrara en vigor.

Menos unanimidad hay sobre la posibilidad de aplicar la regulación de los alquileres en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Desde los sindicatos de inquilinos proponen que un municipio pueda solicitar al Estado la declaración de zona tensionada, saltándose a la comunidad autónoma si esta no se lo permite. Alejandra Jacinto cree, en cambio, que la única forma de aplicar esta ley en determinados territorios es “cambiando el color político de las autonomías” ya que deben ser las comunidades quienes apliquen las medidas de vivienda. Se trata, dice, de un “escollo de difícil solución” más allá de “echar de las instituciones a aquellos políticos que priman sus intereses partidistas y especulativos frente al derecho a la vivienda”.

La desprotección de la ley catalana de alquileres —ahora mismo en el Constitucional por un recurso del PP— es otro de los problemas de la actual Ley de Vivienda. Según los sindicatos de inquilinos, la mejor forma de evitar que esta ley sea tumbada por la Justicia es que esté amparada por una ley estatal de vivienda. Una opinión compartida por Unidas Podemos, que defiende modificaciones en el texto de la ley para que “la regulación estatal no empeore la regulación de precios que tienen ciertos municipios catalanes”, según dice Jacinto.

¿Qué pasa con las hipotecas?
Tras la aprobación del primer borrador del proyecto de Ley de Vivienda, carteles de Unidas Podemos celebraban que quedaban por fin “prohibidos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional”, una de las principales demandas históricas del movimiento de vivienda. Desde la PAH no tardaron en denunciar el “triunfalismo” del Gobierno de coalición y la falta de coherencia entre los discursos y lo que dice la ley. Según el texto actual, los desahucios se suspenden entre dos y cuatro meses a la espera de que las comunidades autónomas proporcionen una vivienda a las familias vulnerables. Si en ese plazo no hay una vivienda, el desahucio se produciría igualmente. Y eso, denuncian desde la PAH, en un país que no tiene parque público de vivienda, lleva a un callejón cuya única salida es el desahucio.

La “gran decepción” del movimiento de vivienda tras la publicación de la ley también estaba justificada por la ausencia de otras históricas reivindicaciones, como la dación en pago o la obligación para los fondos de inversión de dar alquileres sociales a las familias vulnerables
La “gran decepción” del movimiento de vivienda tras la publicación de la ley también estaba justificada por la ausencia de otras históricas reivindicaciones, como la dación en pago, la obligación para los fondos de inversión de dar alquileres sociales a las familias vulnerables en procesos de desahucio o la prohibición de cortes de suministros básicos.

Paco Morote coincide en el análisis: “El gobierno ha hecho de esta ley un buque insignia de la legislatura. Para aprobarla, necesita de los votos de alguna de la gente que ha presentado enmiendas a la totalidad”, dice en referencia a ERC. Según este portavoz de la PAH, Esquerra ya ha mostrado su disposición a apoyar las enmiendas “de tipo procesal”, es decir las relacionadas con los desahucios. Y Unidas Podemos, según Jacinto, también apoyaría un cambio en la prohibición de los desahucios, extendiendo esa suspensión hasta que las administraciones proporcionen una vivienda digna, que “no puede ser una pensión ni un albergue”. Unidas Podemos, según Jacinto, también está dispuesta a apoyar enmiendas que incluyan la dación en pago en la ley, de forma que se extinga la deuda con la entrega de la vivienda.

A día de hoy, Unidas Podemos solo ha anunciado una enmienda a la ley —para que los inmuebles de la Sareb pasen a formar parte del parque público—, mientras que se ha mostrado favorable a apoyar otras enmiendas que vengan de la sociedad civil y el movimiento de vivienda. Según cuenta Jacinto a El Salto, todavía no han decidido cuáles lanzará directamente UP y cuáles serán propuestas de otros partidos afines. Tampoco han aclarado si votarán a favor de la ley si las enmiendas más importantes no son incluidas en el texto final.

La votación de la reforma laboral está demasiado cerca. ERC y EH Bildu votaron en contra del proyecto de Yolanda Díaz y solo el azar hizo que fuera aprobada. Ahora no hay carambola posible, necesitan sus votos para aprobar la Ley de Vivienda
La votación de la reforma laboral está demasiado cerca. ERC y EH Bildu votaron en contra del proyecto de Yolanda Díaz y solo el azar hizo que fuera aprobada. Ahora no hay carambola posible, necesitan sus votos para aprobar la Ley de Vivienda a las puertas de una nueva crisis social de consecuencias imprevisibles.

“Ahora mismo tenemos el escudo social más potente que hemos tenido nunca en este país y con ese escudo vamos a tener cifras de desahucios muy cercanas a la de los peores años de la crisis”, dice el portavoz de la PAH. “Tampoco aspiramos a que de la noche a la mañana se recojan todas nuestras reivindicaciones, pero tiene que haber una mejora sustancial del texto actual. Si no lo hacen, sería un desastre”.

Para Pablo Martínez, del Sindicatos de Inquilinos, existe una “ventana de oportunidad” de mejorar la ley. La situación “límite” en la que se encuentran, añade, los convierte en más propensos a incorporar algunas enmiendas en el texto definitivo.

Alejandra Jacinto cree que hay posibilidades de mejorar la ley en el proceso de enmiendas y defiende la necesidad de que así sea: “Creo que no es bueno para el gobierno progresista poner en marcha medidas que generen unas expectativas que luego en la práctica no se traducen en realidad”.